16 sept. 2014

Mamá, no quiero ser sibarita

Una gran coalición de sibaritas eticosos, exportadores orgánicos, chefs, dueños de los mejores restaurantes, políticos desinformados y una legión de ‘talking-heads’, calabacitas mediáticas sin ninguna formación científica, tuvo su gran día cuando una promesa de candidato se hacía realidad y el presidente, aún en olor a multitud, promulgaba la Ley de Moratoria de Transgénicos en diciembre del 2011. Ley que en la práctica ha ahuyentado la innovación en el campo con la amenaza de castigar hasta con 10.000 UIT al agricultor que se atreva a ejercer su libertad ancestral de sembrar lo que vea más conveniente para él y sus potenciales clientes.

Por milenios, los agricultores del mundo tuvieron la libertad de escoger qué y cuándo sembrar en la búsqueda permanente de mejorar la rentabilidad de su campo y el bienestar de su familia. Nunca más. Una horda de ONG ambientalistas, mayormente del hemisferio norte, pretende ahora convertirse en la policía de alimentos del planeta. Los primeros objetivos de este activismo tecnofóbico global han sido los cultivos transgénicos sin mencionar la ciencia y el sentido común, víctimas inocentes desde el primer día.

La excusa para semejante legicidio fue que los organismos genéticamente modificados (OGM) “podrían” dañar nuestra biodiversidad. No importaron los numerosos reportes científicos que señalan que los OGM no han causado, en ningún lugar del mundo, daño a la biodiversidad ni a la salud humana. En realidad, los OGM son los cultivos más regulados de la historia. Aprobar un cultivo transgénico puede tomar varios años y miles de pruebas de laboratorio y campo.
Por el contrario, los beneficios económicos de los OGM han sido simplemente espectaculares. De 1996 al 2012, los OGM pusieron más de US$58 mil millones extra en los bolsillos de los agricultores de los países en desarrollo y colocaron en el mercado 123 y 230 millones de TM extras de soya y maíz, respectivamente. Los beneficios ambientales no han sido menos espectaculares, pues en ese período se dejaron de aplicar 503 millones de kilos de pesticidas y se contribuyó a una reducción significativa en la emisión de los gases de invernadero. Solo en el 2012 esta correspondió a sacar de circulación a casi 12 millones de autos por todo un año.

Las consecuencias de la moratoria para los agricultores peruanos han sido devastadoras. Hace algunas semanas, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), anunció un plan de reconversión productiva para los algodoneros, en la práctica, una capitulación de guerra ante su incapacidad de competir con el algodón importado más barato.


Recientemente, el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, Eduardo Cabrera, anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar la Ley de Moratoria. Un intento de rectificación que saludamos. Esperemos que en esta oportunidad se dé voz a los expertos, como lo reclamó en su momento un presidente “pato rengo”, quien en las postrimerías de su período intentó hacer lo sensato para solo verse pateado en la canilla por un chef sin ninguna preparación científica. Proponemos renovar el debate con la formación de una comisión nacional de expertos que emita una posición que sirva de insumo al que tendrá lugar en el Congreso. Nuestro futuro está en juego.

Publicado en El Comercio en Debate de Opinión: ¿Se debe permitir el ingreso de transgénicos? el 12 de Septiembre del 2014

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