La Gran Moratoria (2011-2021)
El legendario
humorista americano Will Rogers solía bromear afirmando que cuando “el Congreso
contaba un chiste, era una Ley y cuando aprobaba una Ley era un chiste”. Algo
similar, pero de muy mal gusto, se podría decir de la Ley de Moratoria aprobada
por nuestro Congreso hace casi un año. Un tema que según el ex-Presidente Alan
García debió quedar en “manos de los expertos” terminó convirtiéndose, en
palabras de PPK, en una “medida de la época de la inquisición”.
ONGs
ambientalistas financiadas por la industria transnacional de la protesta iniciaron
hace años una campaña “hormiga” de desinformación contra los OGMs con los argumentos
de que su uso dañaría nuestra biodiversidad, crearía dependencia en nuestros
agricultores por la necesidad de comprar semillas cada año y enriquecería a
“las grandes transnacionales” de la industria biotecnológica. Ante la ausencia
de información, basada en ciencia, de parte del estado que no quiso, o no pudo,
comprarse el pleito (mayormente ideológico), esta campaña tuvo un éxito
relativo: recibió un endose ministerial (“no necesitamos unas cuantas
semillitas transgénicas”), incubó una noción equivocada en el Congreso que
aprobó la Moratoria (“el pollo alimentado con maíz OGM causa homosexualidad”), sin
mencionar los miedos de miles de amas de casa que aseguran equivocadas que “los
transgénicos causan cáncer”.
Un estado que
no hizo su tarea tiene ahora varias preguntas que responder: ¿cómo le
explicamos al papero de Huancavelica que sus papas no tienen que morirse por la
rancha o por las heladas?, ¿cómo le decimos que existe una papa OGM resistente
a la plaga causante de la Gran Hambruna de Irlanda (1845-1852)? y ¿qué le
decimos a los algodoneros/maiceros que podrían reducir de manera significativa sus
costos de producción usando semillas de maíz/algodón OGM resistentes a
insectos?. Preguntas que ciertamente quedarán sin respuesta mientras nuestro
estado autista e indolente mirará de costado a los agricultores con la excusa
de la Gran Moratoria, una moratoria que, en nuestra opinión, es una prohibición
de facto definitiva.
La lección a
aprender es que en algunos temas los gobernantes deben escuchar a los expertos
y basar su decisión en la ciencia. De haberlo hecho, el MINAG y el MINAM no
habrían endosado o auspiciado una Ley que priva a los agricultores peruanos de
la mejor tecnología para la agricultura desarrollada en los últimos 100 años.
¿Alguna
solución? Tomaría un estadista dar marcha atrás en este error. ¿Conocen a
alguno?
Artículo publicado en el suplemento Portafolio Económico de El Comercio el 25 de Noviembre del 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario